La Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva, Huelva Riega, ha valorado la reciente sentencia del Tribunal Supremo que avala el trasvase de agua desde la demarcación del Guadiana a la de los ríos Tinto, Odiel y Piedras, al considerar que “refuerza la seguridad jurídica de una infraestructura clave para el equilibrio hídrico de la provincia”.
La resolución del Alto Tribunal desestima los recursos interpuestos por organizaciones como Greenpeace y Ecologistas en Acción contra el Plan Hidrológico, rechazando de forma expresa los tres argumentos en los que basaban su impugnación. Para Huelva Riega, este pronunciamiento “evidencia la falta de solidez técnica, jurídica y ambiental de unos planteamientos que trataban de cuestionar la planificación hidrológica sin base suficiente”.
En primer lugar, el Supremo descarta la supuesta falta de cobertura legal del trasvase, reconociendo que este tipo de transferencias entre demarcaciones están contempladas en el marco normativo estatal. La sentencia desmonta así uno de los principales argumentos de los colectivos recurrentes, confirmando su encaje jurídico.
En este sentido, Huelva Riega subraya que la transferencia de recursos entre sistemas “no es una actuación nueva ni arbitraria, sino que forma parte de un modelo histórico consolidado en la provincia, como el sistema Chanza–Piedras, que lleva décadas garantizando el equilibrio hídrico del territorio”. Asimismo, recuerdan que este sistema cuenta con cobertura legal desde su origen, al haberse configurado en un momento en el que ambas cuencas formaban parte de una misma unidad de planificación hidrológica.
La asociación incide además en que la actual configuración administrativa de las demarcaciones “no invalida ni elimina esa cobertura jurídica previa”, sino que mantiene la coherencia del sistema. En esta línea, añaden que infraestructuras como Chanza y Andévalo forman parte funcional del sistema Tinto, Odiel y Piedras, por lo que “no puede hablarse en términos reales de una transferencia ajena o artificial, sino de la gestión integrada de recursos dentro de un mismo sistema hidráulico”.
En segundo lugar, el Tribunal avala el régimen de caudales ecológicos fijado en el Plan, desestimando las alegaciones sobre su supuesta insuficiencia. En este sentido, la resolución respalda que la planificación incorpora criterios ambientales rigurosos y alineados con la normativa europea, frente a interpretaciones que cuestionaban su validez sin sustento técnico acreditado.
Por último, el Supremo rechaza que el incremento de reservas suponga una vulneración del principio de gestión sostenible del agua. Lejos de ello, la sentencia confirma que el modelo responde a un “enfoque equilibrado que permite compatibilizar la protección ambiental con los usos agrícolas, industriales y urbanos”.
Desde Huelva Riega subrayan que “la resolución desmonta uno a uno los argumentos utilizados para tratar de frenar una infraestructura estratégica para la provincia”, y advierten de que este tipo de iniciativas “no contribuyen a una planificación rigurosa del agua, sino que generan incertidumbre sobre actuaciones necesarias para garantizar el desarrollo sostenible del territorio”. En este sentido, añaden que “resulta preocupante que “continuamente los colectivos ecologistas trasladen a la opinión pública planteamientos que el propio Tribunal Supremo ha rechazado por carecer de base suficiente desde el punto de vista jurídico, ambiental y técnico”.
La asociación recuerda que el objetivo de estas infraestructuras “no es incrementar de forma descontrolada el consumo, sino mejorar la distribución de los recursos disponibles, reducir la presión sobre acuíferos y avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible”. En esta línea, insisten en que la disponibilidad de agua superficial es clave para sustituir extracciones subterráneas y garantizar la recuperación de espacios sensibles.
Huelva Riega ha reiterado que el agua es un elemento estructural para el desarrollo de la provincia, tanto desde el punto de vista agrícola como industrial y social, y ha insistido en la necesidad de seguir avanzando en la ejecución de las infraestructuras hidráulicas recogidas en la planificación vigente. Asimismo, la entidad señala que “bloquear o retrasar este tipo de actuaciones con argumentos que no han sido avalados por los tribunales no solo dificulta la planificación, sino que perjudica directamente a la sostenibilidad del sistema hídrico y al desarrollo socioeconómico de la provincia”.
“El respaldo del Supremo no solo despeja dudas jurídicas, sino que confirma que la planificación hidrológica debe basarse en criterios técnicos y no en planteamientos sin fundamento. Ahora es el momento de avanzar en la ejecución de las soluciones previstas”, han señalado desde la entidad.
